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Un proyecto legislativo propone endurecer las sanciones contra quienes incumplen con la cuota alimentaria. Apuntan a una medida difícil de esquivar: sin licencia, no hay volante.
En una provincia donde según advierten desde la propia Legislatura el incumplimiento de las cuotas alimentarias alcanza niveles “altísimos”, la diputada justicialista María Uriondo impulsa una reforma a la Ley 5.273 para cerrar el cerco sobre los deudores.
El eje de la iniciativa es concreto: quienes integren el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no podrán tramitar ni renovar la Licencia de Conducir en los municipios. La medida apunta a golpear en un punto sensible de la vida cotidiana, donde el control estatal resulta más efectivo que otras restricciones ya vigentes.
“Si una persona tiene dinero para combustible cuyo costo no es menor y para mantener un vehículo, también lo tiene para cumplir con la cuota alimentaria”, sostuvo la legisladora, poniendo el foco en una lógica que invierte la carga de la excusa.
Hasta ahora, las sanciones incluyen limitaciones como el ingreso a estadios de fútbol o el cobro de premios en casinos. Sin embargo, según Uriondo, esas herramientas no lograron modificar de manera sustancial la conducta de los deudores. La licencia de conducir, en cambio, aparece como un filtro más difícil de esquivar y con impacto directo en la rutina.
El proyecto no introduce una figura nueva, sino que profundiza un esquema ya existente. “No estamos inventando nada remarcó, estamos buscando que los chicos no pasen necesidades que no tienen por qué pasar”.
Detrás de la discusión legal, la escena es conocida: madres que sostienen solas la crianza, fallos judiciales que se incumplen y un Estado que llega tarde o no llega. La propuesta de Uriondo intenta, al menos, alterar esa inercia. Falta ver si el resto de la política decide acompañar.
