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Los docentes que hubieren sido condenados por delitos dolosos mediante sentencia firme, y más aún aquellos que tengan condena o procesos pendientes por delitos contra la integridad sexual, en los que hubieran sido imputados, serán excluidos de las titularizaciones. Así lo resolvió la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, mediante el artículo 7, inciso F de la resolución 15 publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta.
Seguidamente, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa) emitió un comunicado en el que cuestionó firmemente la resolución. El mismo expresa que: «Se vulneran los derechos, el principio constitucional de presunción de inocencia en los requisitos exigidos, establecidos como condición ineludible por el Gobierno provincial para acceder a la titularidad en cargos y horas cátedra».
Y añade: «Es por todos conocido que la presunción de inocencia consolida el derecho del debido proceso, sin que se anticipen sanciones que afecten, en el caso de los docentes, otro derecho: el de la estabilidad laboral y carrera docente «.
Desde el gremio, aseguraron a El Tribuno de Salta, que comunicaron al gobierno escolar su oposición a la implementación de este requisito.
